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Cuando cumplir la ley llega tarde: el caso Ricardo Roa y la normalización del abuso

El problema no es que investiguen hoy. El problema es que ignoraron todo ayer.

¿Qué está pasando en Colombia?
Paradójicamente, casi al final de este desgobierno, algunos sectores parecen descubrir de repente la importancia de cumplir la ley. Como si fuera una novedad. Como si las advertencias, denuncias y señalamientos que se hicieron desde el inicio no hubieran existido.

El caso de Ricardo Roa es un ejemplo claro de esa hipocresía institucional.

Las alertas estuvieron desde el comienzo

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, se informó, se advirtió y se denunció que Ricardo Roa estaba presuntamente involucrado en irregularidades relacionadas con los gastos de campaña presidencial, incluyendo la posible violación de topes electorales.

Nada de esto surgió de la nada.
Nada apareció “de repente”.

Las alertas fueron públicas, reiteradas y documentadas.

La respuesta del petrismo: negar, descalificar y premiar

¿Y cuál fue la reacción del Pacto Histórico y del petrismo militante?

La misma de siempre:

  • negar los hechos,
  • descalificar a quienes preguntaban,
  • llamar “montaje” a cualquier denuncia,
  • y premiar políticamente al señalado.

El resultado fue su nombramiento al frente de Ecopetrol, la empresa más importante del país. No como técnico independiente, sino como ficha política, en una decisión que terminó profundizando la crisis de confianza y gestión de la compañía.

Cuando un gobierno responde a las denuncias con cargos, el mensaje es devastador:
la lealtad política vale más que la legalidad.

Ideologizar el Estado tiene consecuencias reales

Este no es un caso aislado. Es un patrón.

La ideologización del Estado, cuando se convierte en escudo para proteger aliados y silenciar controles, destruye dos cosas al mismo tiempo:

  • la riqueza, porque espanta la inversión y deteriora las instituciones,
  • y la moral pública, porque normaliza el abuso del poder.

Cuando todo se reduce a “ellos contra nosotros”, la ley deja de ser un límite y se vuelve un obstáculo a esquivar.

Eso es exactamente lo que le hace daño a un país.

Nadie está por encima de la ley (y decirlo tarde no limpia responsabilidades)

Repetir que “nadie está por encima de la ley” no sirve de nada si solo se dice cuando ya no hay margen político para seguir encubriendo.

La ley no es un salvavidas de último minuto.
Es una regla permanente.

Y nadie —absolutamente nadie— puede ser amparado por guardias políticas, por ideología o por cercanía al poder.

La salida correcta es asumir responsabilidades

Si el país quiere recuperar un mínimo de seriedad institucional, lo que corresponde es claro:
Ricardo Roa debe renunciar.

No por presión mediática.
No por cálculo político.
Sino por respeto a la ley, a las instituciones y a los colombianos.

Porque cumplir la ley tarde no es virtud.
Es evidencia de que se intentó evadirla antes.

Y Colombia ya pagó suficiente por ese tipo de gobiernos.

Los leo en los comentarios.

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