El salario mínimo como jugada política y no como política pública
El aumento del salario mínimo del 23% no fue el resultado de un proceso responsable de concertación.
No fue fruto del diálogo social.
No fue una decisión técnica basada en productividad, inflación y sostenibilidad del empleo.
Fue un decreto.
Y no un decreto ingenuo, sino una jugada política calculada.
Gustavo Petro sabía que ese aumento era inviable.
Sabía que era técnicamente débil.
Sabía que no resistía un control jurídico serio.
Y sabía, sobre todo, que podía terminar tumbado por el Consejo de Estado.
Pero aun así lo hizo.
Porque el objetivo no era mejorar estructuralmente el ingreso de los trabajadores.
El objetivo era construir un relato.
El verdadero objetivo: fabricar una victimización perfecta
Petro necesitaba el escenario ideal para decirle al país:
“Me tumbaron el salario mínimo porque estoy del lado del pueblo.”
Un relato simple.
Emocional.
Eficaz.
Un relato donde él aparece como el defensor de los trabajadores y las instituciones como los enemigos del pueblo. Un libreto conocido, ensayado y repetido en otros países y otros gobiernos.
Pero detrás del discurso hay una verdad incómoda: un salario mínimo mal diseñado no protege al trabajador, lo expulsa del sistema.
Cuando el aumento es irresponsable, el empleo paga el precio
El salario mínimo no es un símbolo ideológico.
Es una herramienta económica delicada.
Cuando se aumenta sin respaldo técnico:
- se destruyen empleos formales,
- se ahogan las pequeñas y medianas empresas,
- se frenan nuevas contrataciones,
- se acelera la informalidad,
- se castiga al trabajador joven y al menos calificado,
- y se debilita la productividad, que es la base real del ingreso.
En Colombia, más del 90% del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas. Para muchas de ellas, un aumento de esta magnitud no es un alivio social: es una amenaza directa a su supervivencia.
Cuando el costo laboral sube por decreto y no por crecimiento económico, el resultado no es justicia social. Es exclusión laboral.
Gobernar no es provocar choques institucionales
Un presidente responsable no gobierna para perder en los tribunales.
Gobierna para construir acuerdos duraderos.
Petro no buscó consenso.
No fortaleció la mesa de concertación.
No escuchó advertencias técnicas.
No ajustó el aumento a la realidad productiva del país.
Decretó.
Porque el choque institucional también es parte del cálculo político.
Cada choque le permite reforzar su narrativa:
“El sistema no me deja gobernar”.
Pero gobernar no es tensar las instituciones.
Gobernar es pensar en las consecuencias reales de las decisiones.
El salario mínimo no puede ser un experimento ideológico
El ingreso de millones de colombianos no puede convertirse en un laboratorio político.
Ni en una excusa para la confrontación.
Ni en una bandera para dividir al país entre “buenos” y “malos”.
Las políticas salariales serias se construyen con:
- productividad,
- crecimiento económico,
- sostenibilidad empresarial,
- formalización laboral,
- y estabilidad jurídica.
No con decretos diseñados para caer y generar aplausos en la plaza pública.
Cuando el decreto cae, Petro no pierde: pierde el trabajador
Porque cuando el Consejo de Estado actúa, no corrige una injusticia social: corrige una mala decisión técnica.
Y cuando eso ocurre:
- el empresario queda en incertidumbre,
- el empleo se congela,
- la informalidad crece,
- y el trabajador vuelve a quedar en medio del conflicto político.
El golpe no lo recibe el presidente.
Lo recibe el colombiano que vive del salario.
El que necesita estabilidad, no discursos.
El que necesita trabajo, no relatos épicos.
Conclusión: el populismo salarial siempre termina mal
Un aumento salarial responsable sí es posible.
Pero exige liderazgo, técnica y diálogo.
Lo que vimos aquí fue otra cosa:
populismo salarial.
Y el populismo, tarde o temprano, siempre termina igual:
con menos empleo, más informalidad y más frustración.
Gobernar no es decretar para provocar.
Gobernar es asumir la responsabilidad de las consecuencias.
Porque cuando se juega con el salario mínimo para hacer política,
el precio no lo paga el poder.
Lo paga el trabajador.
