Colombia no puede seguir gobernándose “a la maldita sea”
A Colombia no la están gobernando con planeación, ni con responsabilidad institucional. La están gobernando a la deriva, y nuestra indiferencia —incluso en medio de festividades y distracciones— es el combustible perfecto para que eso continúe. Si no reaccionamos ahora, lo que viene no será una sorpresa: será la consecuencia.
En los últimos días vuelve a sonar una idea peligrosa y ya conocida: otra declaratoria de emergencia económica. Esta vez, con una excusa tan débil como alarmante: la situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La pregunta es inevitable:
¿desde cuándo los problemas políticos de otro país constituyen una emergencia económica para Colombia?
La emergencia económica no es una herramienta política
En Colombia, los estados de excepción no son un comodín del poder. Están regulados de forma estricta por la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La regla es clara:
una emergencia económica solo puede declararse cuando existe una amenaza grave, extraordinaria y urgente al orden económico, social o ecológico que no pueda enfrentarse con las leyes ordinarias existentes.
No basta con:
- déficit fiscal,
- bajo crecimiento,
- problemas estructurales,
- o crisis heredadas.
La Corte ha sido enfática en múltiples sentencias: la excepcionalidad no se presume, se demuestra. Y debe ser temporal, proporcional y estrictamente necesaria.
Usar una emergencia para suplir la incapacidad política de gobernar es un abuso del diseño constitucional.
¿Cuál es exactamente la emergencia económica “por Maduro”?
Seamos serios.
Colombia no enfrenta hoy:
- una ruptura súbita del sistema financiero,
- una catástrofe económica inminente,
- ni un colapso productivo derivado directamente de Venezuela.
Lo que sí enfrenta el país es otra cosa:
- un gobierno sin mayorías sólidas,
- reformas que no pasan por el Congreso,
- un desgaste político acelerado,
- y una tentación creciente de gobernar por decreto.
Y ahí es donde la “emergencia” aparece como atajo.
Gobernar con decretos es confesar debilidad
Cada vez que un gobierno intenta saltarse al Congreso mediante estados de excepción, envía un mensaje claro:
no puede gobernar dentro de las reglas.
La democracia no está diseñada para la comodidad del Ejecutivo. Está diseñada para el equilibrio. Cuando ese equilibrio incomoda, no se destruye: se respeta.
El problema es que los estados de excepción permiten:
- legislar sin debate,
- crear impuestos sin deliberación real,
- mover recursos sin control político efectivo,
- y concentrar poder en el Ejecutivo.
Por eso no son una herramienta política.
Son una válvula extrema, pensada para situaciones límite.
El verdadero riesgo: más impuestos y menos control
No nos digamos mentiras.
Cada “emergencia económica” termina casi siempre igual:
- nuevos tributos,
- cargas adicionales para la clase media,
- mayor presión sobre el sector productivo,
- y menos transparencia en el uso de los recursos.
Mientras tanto, los problemas estructurales siguen intactos.
La clase media —que no recibe subsidios, que paga impuestos, que sostiene el sistema— es la primera víctima de este modelo de gobierno por decreto. Y lo más grave es que se pretende normalizar esta práctica como si fuera parte del juego democrático.
No lo es.
La emergencia no es gobernar sin límites
Un estado de excepción no suspende la Constitución.
No convierte al presidente en legislador absoluto.
No elimina los controles.
Intentar usar la emergencia económica como excusa para gobernar sin límites es una señal clara de deriva autoritaria, aunque venga envuelta en discursos de “responsabilidad” o “urgencia social”.
La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron así:
con decretos “temporales” que se volvieron costumbre.
Conclusión: gobernar con emergencia permanente es gobernar mal
Colombia no necesita más estados de excepción.
Necesita gobierno, dirección y respeto institucional.
Si cada problema termina convertido en “emergencia”, entonces no estamos ante un país en crisis, sino ante un Ejecutivo incapaz de gobernar dentro de la normalidad democrática.
La emergencia económica no es una herramienta política, ni un salvavidas ideológico, ni una excusa para imponer impuestos o decisiones sin debate.
Es hora de decirlo sin rodeos:
los intentos de gobernar por decreto son el reflejo de un gobierno débil, sin rumbo y sin capacidad de construir mayorías. Y ese ciclo, por el bien del país, debe cerrarse en 2026.
¿Estoy equivocado?
Los leo en los comentarios.
