No es regulación: es castigo a usuarios y ciudadanos
El Gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte, decidió presentar un proyecto de ley anacrónico que no busca mejorar la movilidad ni proteger al usuario. Busca criminalizar el uso de plataformas de transporte y, peor aún, castigar a quienes las utilizan.
No es una exageración.
El texto propone sanciones que no tienen precedentes en una democracia moderna y que desconocen por completo cómo se mueve hoy la gente en las ciudades.
De regular a perseguir: cuando el Estado se equivoca de enemigo
Las plataformas de transporte existen porque el sistema tradicional no dio abasto. Millones de colombianos las usan a diario por razones simples: disponibilidad, seguridad, precio y eficiencia.
Frente a esa realidad, un Estado moderno regula, integra y mejora.
Este proyecto hace lo contrario: persigue.
Entre los puntos más graves del articulado se encuentran medidas que:
- criminalizan el uso de plataformas, no solo su operación;
- sancionan a los usuarios, tratándolos como infractores;
- castigan a porterías y conjuntos residenciales con multas que podrían llegar hasta $700 millones por permitir el parqueo de vehículos asociados a estas apps;
- pretenden silenciar el debate democrático, prohibiendo que representantes, concejales o senadores —y sus UTL— se pronuncien sobre el tema.
Esto ya no es política pública.
Es autoritarismo regulatorio.
Multar porterías: el exabrupto que revela la lógica del proyecto
Pocas medidas reflejan mejor el despropósito que amenazar a porterías residenciales con sanciones multimillonarias. No solo es desproporcionado: es absurdo.
Se traslada la función de control del Estado a ciudadanos comunes, vigilantes y administradores, convirtiéndolos en policías improvisados bajo amenaza económica. Eso rompe cualquier principio básico de razonabilidad y proporcionalidad sancionatoria.
La ley deja de ordenar la convivencia para sembrar miedo.
¿Prohibir que los congresistas opinen? Una línea roja democrática
Quizá lo más alarmante es el intento de callar el debate político. Un proyecto que prohíbe o limita la expresión de representantes electos sobre una política pública cruza una línea inaceptable.
En democracia, la crítica no se regula.
Se responde con argumentos.
Cuando un gobierno intenta legislar el silencio, revela inseguridad, no autoridad.
El problema no es la tecnología: es la obsesión por controlar
Este proyecto no nace del interés por el usuario ni por la movilidad. Nace de una visión estatista que ve en la tecnología un enemigo a disciplinar, no una herramienta a integrar.
Es una lógica propia de otros tiempos:
- centralizar,
- prohibir,
- sancionar,
- intimidar.
No hay evidencia de que criminalizar plataformas mejore el transporte. Sí hay evidencia, en cambio, de que empeora la informalidad, reduce opciones y castiga al ciudadano.
Regular no es prohibir, gobernar no es perseguir
Colombia no necesita leyes escritas con la mentalidad del siglo XIX para resolver problemas del siglo XXI. La movilidad se mejora con integración, competencia, reglas claras y protección al usuario, no con castigos masivos.
Este proyecto no moderniza el transporte.
Lo atrasa.
No defiende al ciudadano.
Lo persigue.
Y no fortalece la democracia.
La debilita.
La pregunta es inevitable y necesaria:
¿Vamos a permitir que el Estado criminalice cómo nos movemos y silencie a quienes lo cuestionan?
Los leo en los comentarios.
