Poder sin privilegios, democracia sin abusos
La democracia se debilita cuando el poder se ejerce sin límites, sin control y sin responsabilidad. En Colombia, los vacíos legales y los privilegios políticos han permitido abusos que socavan la confianza ciudadana y erosionan el Estado de Derecho. Este pilar propone reformas claras para cerrar esas grietas institucionales, garantizar que toda función pública tenga reglas y asegurar que la ley se aplique igual para todos, sin excepciones ni atajos.
3. Regular la figura de la Primera Dama: poder con reglas y control
En Colombia existe una figura que usa recursos públicos, tiene agenda oficial y representa al país, pero no responde ante el Congreso, no tiene funciones definidas por ley y no está sometida a control político ni disciplinario. En la práctica, la llamada Primera Dama ejerce funciones públicas sin ser funcionaria pública, rompiendo un principio básico del Estado de Derecho: todo poder debe tener límites y toda función pública debe tener responsabilidad.
Este vacío institucional ha permitido decisiones, viajes y uso de presupuesto público sin reglas claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas.
Esta propuesta convierte esa figura informal en una función pública regulada por la ley, con competencias estrictamente delimitadas, prohibiciones claras y control efectivo del Congreso y de los órganos de control. No se trata de otorgar más poder, sino de ponerle reglas al poder que hoy se ejerce sin ley. En Colombia, quien ejerce funciones públicas debe responder como funcionario público, sin privilegios ni excepciones.
Claves de la propuesta
- No puede existir poder público sin responsabilidad pública.
- El uso de recursos del Estado exige control, límites y rendición de cuentas.
- Nadie, ni siquiera por lazos familiares, puede estar por encima de la ley.
Quien usa recursos del Estado debe rendirle cuentas al Estado.
4. Delimitar el fuero indígena: igualdad ante la ley en todo el territorio
La ausencia de reglas claras sobre el alcance del fuero indígena ha creado una peligrosa zona gris institucional. En las ciudades, especialmente en Bogotá, esta falta de delimitación ha derivado en ocupaciones indefinidas del espacio público, deterioro ambiental, afectación a los derechos de los ciudadanos y parálisis de las autoridades locales. A esto se suma la instrumentalización política de comunidades financiada con recursos públicos y la opacidad en el uso de esos recursos.
El resultado es un Estado que duda, autoridades que no actúan y ciudadanos desprotegidos, mientras la ley no se aplica de la misma manera para todos.
Esta propuesta no elimina derechos ni desconoce la diversidad cultural. Lo que hace es poner reglas claras y autoridad democrática. Delimita expresamente el alcance del fuero indígena, establece que en las ciudades rigen las mismas normas de convivencia para todos, protege el espacio público, prohíbe la financiación de movilizaciones políticas con recursos públicos y obliga a las autoridades territoriales a actuar cuando se incumpla la ley. La autonomía cultural se armoniza con el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley deja de ser un discurso.
Claves de la propuesta
- La diversidad cultural no puede ser un salvoconducto para el desorden ni la impunidad.
- La protesta es un derecho; la ocupación indefinida del espacio público no lo es.
- El Estado no puede financiar su propia presión política.
La ley debe aplicarse igual para todos, en cualquier territorio.
5. Medidas cautelares tempranas: impedir la fuga mientras se investiga
En Colombia se ha normalizado una falla grave del sistema de justicia: funcionarios públicos seriamente señalados por corrupción logran salir del país antes de que el Estado actúe. Vacíos procedimentales, demoras injustificadas y ausencia de medidas cautelares tempranas han permitido fugas que debilitan las investigaciones y envían un mensaje devastador de impunidad.
No se trata de condenas anticipadas. Se trata de hechos repetidos donde la inacción institucional llega tarde y la corrupción ya va en avión. La presunción de inocencia, pilar del Estado de Derecho, ha sido malinterpretada como una licencia para evadir la justicia, cuando en realidad exige comparecencia efectiva ante las autoridades.
Esta propuesta crea una medida cautelar temprana, judicial y temporal de comparecencia reforzada, activable cuando existan señalamientos formales corroborados y un riesgo concreto de fuga en casos de corrupción. La decisión siempre estará en manos de un juez, con audiencia inmediata, derecho de defensa y control estricto de proporcionalidad. Además, se establecen deberes claros y tiempos perentorios para la Fiscalía, con consecuencias disciplinarias agravadas en caso de omisión injustificada.
Claves de la propuesta
- La presunción de inocencia no es un salvoconducto para huir del país.
- No se castigan sospechas: se impide la fuga mientras se investiga.
- El Estado debe actuar a tiempo para que la justicia sea efectiva.
Cuando el Estado llega tarde, la corrupción ya va en avión.
6. Seguridad sin privilegios: corresponsabilidad de los congresistas
El cargo de congresista se ha rodeado de privilegios automáticos financiados con recursos públicos, especialmente en materia de seguridad y uso de vehículos oficiales. Hoy, sin evaluaciones estrictas de riesgo ni corresponsabilidad económica, los ciudadanos pagan esquemas de protección y camionetas de alto costo incluso cuando no existe una amenaza real y verificable.
Esto distorsiona el uso de los recursos públicos, rompe el principio de igualdad y alimenta la percepción de que la política sirve para proteger estilos de vida, no para servir al país.
Esta propuesta no reduce el salario de los congresistas ni afecta la independencia del Congreso. Lo que hace es ordenar, transparentar y racionalizar los beneficios accesorios pagados con recursos públicos. Se establecen evaluaciones técnicas obligatorias de riesgo, se eliminan privilegios automáticos y se crea un esquema de corresponsabilidad económica: quien esté realmente en riesgo será protegido plenamente por el Estado; quien no lo esté, asumirá el costo.
Claves de la propuesta
- La seguridad debe proteger la democracia, no financiar privilegios.
- Servir al país no puede ser sinónimo de vivir blindado con la plata de la gente.
- La protección debe responder al riesgo real, no al cargo.
Quien no está en riesgo no puede seguir protegido como si lo estuviera.