Un documental que no sorprende, pero sí confirma
Durante décadas se ha advertido —desde informes de seguridad, decisiones judiciales y registros de inteligencia— que grupos armados ilegales han instrumentalizado espacios universitarios para fines políticos y operativos, al margen del estudiantado y aprovechando vacíos creados por una interpretación laxa de la autonomía universitaria.
El reciente documental que circula no revela una novedad escandalosa; confirma un patrón histórico: la presencia y el uso de campus universitarios como escenarios de agitación, reclutamiento y logística urbana por parte de estructuras asociadas al Ejército de Liberación Nacional y las FARC (y sus disidencias). No se trata de generalizar ni de criminalizar a la universidad pública —que es un pilar democrático— sino de reconocer una infiltración específica y persistente que ha sido denunciada por años.
Autonomía universitaria: un principio que no puede blindar el delito
La autonomía universitaria existe para proteger la libertad académica, no para impedir la acción del Estado frente a delitos. Cuando la autonomía se convierte en escudo para la violencia, deja de ser un derecho y se transforma en una coartada.
La evidencia acumulada apunta a prácticas reiteradas:
- uso de instalaciones para asambleas clandestinas ajenas a la vida académica;
- bloqueos y disturbios coordinados con agendas externas al campus;
- protección de encapuchados que no pertenecen a la comunidad universitaria;
- financiamiento y logística para acciones de presión urbana.
Nada de esto representa al estudiantado. Lo instrumentaliza.
Terrorismo urbano: la estrategia que usa la ciudad como escenario
El terrorismo urbano no necesita selvas ni campamentos visibles. Opera en la ciudad, se diluye entre protestas, se camufla en consignas y se refugia en espacios donde la reacción estatal es limitada. Las universidades, por su valor simbólico y su protección normativa, han sido utilizadas —históricamente— como plataformas de agitación.
Esto no implica que la universidad sea terrorista. Implica que ha sido penetrada. Y negar esa realidad solo favorece a quienes la explotan.
La responsabilidad política: cuando se normaliza lo inaceptable
Lo más inquietante que deja el documental no es solo la evidencia operativa, sino la actitud política de sectores de la izquierda que minimizan, relativizan o justifican estas prácticas bajo el rótulo de “protesta social”.
Cuando desde curules y bancadas se normaliza la violencia urbana, se envía un mensaje peligroso:
- que el fin justifica los medios;
- que la ciudad puede ser escenario de coerción;
- que la universidad puede ser territorio neutral para la ilegalidad.
Eso no es defensa de derechos. Es tolerancia política al delito.
Defender la universidad pública es sacarla del conflicto armado
Quien de verdad defiende la universidad pública no la expone. La protege. La blinda. La saca del conflicto.
Eso exige decisiones claras:
- intervención judicial cuando hay indicios de delito;
- presencia institucional que no criminalice al estudiante;
- protocolos claros entre autoridades y universidades;
- fin de la ambigüedad política frente a la violencia urbana.
La universidad debe ser espacio de pensamiento, no retaguardia de agendas armadas.
Negar la infiltración no es progresismo, es irresponsabilidad
Este documental no sorprende porque la historia ya lo había advertido. Sorprende —y preocupa— que aún se pretenda negar o relativizar un problema que daña a la universidad, pone en riesgo a los estudiantes y erosiona la seguridad urbana.
Reconocer la infiltración no es atacar la educación pública.
Es rescatarla.
Y exigir claridad política frente al terrorismo urbano no es persecución ideológica.
Es defensa del Estado de Derecho.
La pregunta ya no es si ocurre.
La pregunta es quiénes están dispuestos a decirlo y a actuar en consecuencia.
¿Usted qué opina? Los leo en los comentarios.
